¿Por qué lo hicieron?

Pero esto es casi lo de menos. Fernando Ruiz Piñeiro, Antonio García y Roberto Saiz son los principales destinatarios de la sentencia del Tribunal Supremo. Es curioso que no hayan sido los destinatarios el propio Juan José Ibarretxe, Patxi López, Rodolfo Ares, Arnaldo Otegi y el resto de acusados. El objeto de la sentencia de los magistrados del Supremo son los responsables de haber creído que existían, contra todo razonamiento jurídico y en contra de la jurisprudencia existente, indicios racionales de criminalidad. El Supremo no puede ser más claro y contundente en sus razonamientos. Ruiz Piñeiro, García y Saiz tuvieron múltiples ocasiones, durante el trámite de instrucción judicial, de rectificar lo que habían hecho mal y nunca lo hicieron. Es más, ahora sabemos que el instructor del conocido como caso Ibarretxe jamás debiera haber admitido a trámite la querella y nunca debió de haber comenzado la instrucción de la causa.

Todos estos actos que conocemos ahora nos llevan irremediablemente a una pregunta: ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué fabricaron artificialmente una causa penal contra un lehendakari? Es una pregunta a la que, de forma indubitada, sólo ellos pueden responder. Quizá no sea ocioso aventurar que solamente hicieron lo que esperaban que hicieran las personas que los pusieron en esos cargos. Es oportuno recordar cómo llegó Ruiz Piñeiro a la presidencia del Tribunal Supremo y cómo las crónicas periodísticas de Madrid informaban entonces de que se estaban jugando cuestiones de Estado en Euskadi y que la presencia de Ruiz Piñeiro en el Tribunal Superior de Justicia era indispensable. Tengo pocas dudas de que este magistrado pasará a encarnar como muy pocos la imagen y los efectos de la politización de la Administración de Justicia y la judicialización de la vida política inventada y puesta en práctica por Aznar y el Partido Popular. Lo que no pudieron conseguir por vías políticas lo intentaron conseguir utilizando la Justicia. De ahí que el Tribunal Supremo nos diga ahora - demasiado tarde- que han causado un daño importante y relevante a la Justicia.

Pero hay otros órganos que también pudieron haber parado en seco la trama judicial urdida contra Ibarretxe. Me refiero al Tribunal Constitucional. La defensa del lehendakari interpuso un recurso de amparo ante este Tribunal para que pusiera un poco de razón en esta increíble historia. Y no lo hizo. No sólo no lo hizo entonces. Es que todavía hoy el Tribunal Constitucional tiene pendiente de resolver el recurso de amparo interpuesto por el lehendakari Juan José Ibarretxe.

Recuerdo que durante el trámite de instrucción varias personas hicieron ver al magistrado Roberto Saiz las razones jurídicas que desaconsejaban sentar en el banquillo a un lehendakari, al entonces jefe de la oposición y a distintos miembros de Batasuna. Por toda respuesta Saiz solamente dijo: "Nosotros no lo vemos así". Y siguieron. Qué injusticia y qué indignación provoca actos como éstos, llevados a cabo con impunidad por personas que deben servir al Derecho en lugar de servirse de él para sus fines particulares.

¿Alguien pedirá responsabilidades ahora a estas personas? Quizás el Fiscal entienda, según los razonamientos del Tribunal Supremo, que los magistrados citados adoptaron decisiones injustas a sabiendas, incluso, de que las estaban adoptando, porque actuaban con otros criterios ¿Puede ser esto tipificado como delito? ¿Tienen alguna responsabilidad? Y si la tienen, ¿qué tipo de reparación tiene la injusticia que llevaron a cabo?

Durante mucho tiempo cuando yo misma como portavoz del Gobierno, otros dirigentes políticos o el propio lehendakari Ibarretxe expusimos los mismos razonamientos que ahora sentencia el Supremo, nos reprocharon que si pretendíamos que Ibarretxe estuviera por encima de la Justicia, por encima del Bien y del Mal. Los reproches lo mismo vinieron del señor Piñeiro, en tonos siempre revestidos de pulcritud, o del señor Antonio García, como del señor Basagoiti o de los señores Patxi López o José Antonio Pastor.

Una democracia seria no puede funcionar correctamente con un Poder Judicial que lleva a cabo actos como los del caso Ibarretxe. De poco sirve ahora que nos digan que el sistema funciona correctamente porque el propio Poder Judicial ha puesto orden donde otros pusieron desorden y generaron un caos político y mediático. Hay hechos y circunstancias en la vida social y política que no pueden quedar a que dentro de cinco años venga alguien a poner orden. El orden judicial debe partir desde sus mismos orígenes, debe ser justo y atenerse al Derecho desde sus propias raíces. Es poco discutible que el Poder Judicial en España es el único que tiene pendiente todavía la aceptación plena de los valores democráticos. Hay ya demasiados casos que apuntan en dirección opuesta. Desde sentencias sobre abusos a mujeres hasta casos como el del lehendakari Ibarretxe. La transición fue excesivamente generosa con quienes pasaron del franquismo a la democracia como quien cruza una plaza de una calle a otra.

Cuánto sinsabor y cuánta decepción provocan la existencia de personas que se creen con el poder de encausar, juzgar y condenar a una persona. Haciéndolo, además, contra todo razonamiento, contra todo pronóstico y contra la misma jurisprudencia. Haciéndolo guiados por pensamientos ajenos al Derecho, a la racionalidad y a la proporcionalidad. Siguiendo criterios políticos y no jurídicos. ¿Se merecen estas personas que todos los ciudadanos confiemos en ellas para que nos administren Justicia de manera imparcial? Yo adelanto mi opinión: No se lo merecen.